El comité de Compostilla ve una «transición injusta» en el acuerdo minero que no ofrece alternativas para las cuencas

Consideran que el documento en ningún caso contempla una transición justa sino más bien todo lo contrario, que se trata de un proceso «totalmente injusto» en el que no se contemplan alternativas que garanticen el futuro del empleo en las cuencas mineras.

«Creemos que ese documento no recoge una transición justa sino al revés, una transición totalmente injusta para las cuencas mineras porque los procesos se hacen al revés, primer trayendo las alternativas y luego desmantelando pero en este caso se ha hecho al revés», explicó el presidente del comité, Juan Sobredo, que mostró su «tremenda preocupación» por las palabras manifestadas por las ministras de Empleo y de Transición Ecológica, Magdalena Valerio y Teresa Ribera, «porque si se tienen que inventar todavía las alternativas y todavía no saben lo que van a traer tenemos un problema muy grande porque el desmantelamiento ya está hecho».

Los representantes sindicales reconocen que se alegran, no obstante, porque el acuerdo viene a poner luz sobre el futuro de más de 800 mineros de las cuencas «que tenían una situación muy complicada» pero entienden que una transición de verdad no se debe de hacer así. «Primero hay que traer las alternativas y luego desmantelar», subrayó Sobredo.

Así las cosas, desde el comité entienden que el acuerdo alcanzado «es más de lo mismo» teniendo en cuenta que «de nada vale poner sólo 200 millones sin alternativas». Además, tampoco comparten la opinión de la Consejera de Economía de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, al echar ahora balones fuera y culpar al Gobierno socialista de la situación de la minería «porque ellos estuvieron gobernando y son copartícipes de la culpa que se pueda tener en la situación de la minería porque tampoco han buscado alternativas».

En este sentido, recuerdan como los representantes de los trabajadores llevan seis años reclamando un futuro para la central o alternativas para paliar las consecuencias de un posible cierre «y pasaron seis años y no han hecho nada», concluyó.