La cúpula de la Vasco pide su libre absolución y defiende la calidad del sistema de seguridad del pozo Emilio

Una instrucción de gran complejidad, durante meses, años, atascada en el Juzgado de León, que ahora parece llegar a su desenlace después de darse por cumplido el último trámite: la presentación del escrito de defensa de los 16 acusados que permitirá, una vez respuestas las posibles alegaciones, proceder al señalamiento del juicio.

Y no hubo sorpresa. Todos, sin excepción, solicitan su libre absolución. También los principales señalados por familiares y víctimas. Antonio del Valle, presidente de la Hullera Vasco Leonesa, Arturo del Valle, vicepresidente, y Aurelio del Valle, vocal, rechazan su culpabilidad.

En el escrito, al que ha tenido acceso leonoticias, muestran su «total disconformidad» con el relato de la Fiscalía, que solicita penas individuales de prisión de 3,5 años, y en el caso de Arturo del Valle –que presenta un escrito independiente- advierte que su imputación obedece «sin duda a un error».

En sendos escritos, los tres acusados señalan que desde el día del accidente la empresa puso todos los medios personales, técnicos y económicos para tratar de encontrar las causas del mismo y comprobar con la investigación exhaustiva todas las circunstancias.

Un escrito que basan principalmente en cuatro puntos. En primer lugar, la negativa que la causa del accidente fuese la caída de la bóveda del postaller, tal y como afirman las acusaciones particulares y la Fiscalía.

En su lugar, ven que la «causa técnicamente más probable» fue un fenómeno gaseo-dinámico o desprendimiento instantáneo de grisú, tratándose de un fenómeno «de naturaleza imprevisible en cuanto al lugar, al momento, la magnitud y sus consecuencias».

En segundo lugar, en el sistema de seguridad, advirtiendo que HVL tenía implantado un sistema con toda la dotación de medios humanos y técnicos preciosos, por encima de las exigencias, negando, como advierte el Fiscal, que hubiese quedado obsoleto tras 25 años sin ninguna renovación ni adaptación.

En este sentido, señalan que los trabajadores implicados en el accidente disponían de cursos de formación específicos para sus puestos de trabajo así como experiencia a la par que habían recibido información de los riesgos a los que estaban expuestos.

En los escritos de defensa además recuerdan que el pozo Emilio tenía asignado un delegado minero, encargado de inspeccionar todas las labores que se ejecutaban, que levantó cuatro actas desde la monta del taller hasta el accidente sin que se reseñara ninguna anomalía ni falta de medidas de seguridad.

A ello se suma un comité de seguridad y salud que realizaba inspecciones semanales, un vigilante de explotación, que disponía de un libro de relevos establecido para la comunicación entre los responsables del taller y que no recogió ningún incumplimiento de los protocolos y un vigilante de seguridad.

Es más, advierten de que a pesar de la crisis que atravesaba el sector minero, nunca se recortó el presupuesto de seguridad y que, en el marco de la actividad de riesgo que es la mina, HVL siempre se caracterizó por estar a la vanguardia en política de prevención y salud de sus trabajadores.

Precisamente por ello, continúa el escrito, en enero encomendó la elaboración de un informe de auditoría para verificar el cumplimiento de los requisitos normativos para la explotación, sin detectarse incumplimiento alguno. Por ello, dan por cumplida la obligación de gestionar la política de seguridad.

En tercer lugar, advierten que no se justifica que no se contara con un proyecto de explotación aprobado por la Autoridad Minera al no ser necesario tras aprobarse un 'proyecto tipo' para toda la explotación y niegan que el sistema de ventilación fuese inadecuado porque cumplía con todas las prescripciones técnicas.

Por último y en el caso exclusivo de Aurelio del Valle (vocal), la defensa se pregunta si por el mecho hecho de ser miembro del consejo de administración de la Vasco se justifica la imputación cuando «nunca ha tenido poder de representación ni le han sido delegadas funciones ejecutivas» por ningún contrato.

Por todo ello, Aurelio nunca ha sido representante de la sociedad, teniendo el presidente y vicepresidente todas las facultades del Consejo, siendo el único argumento que tendría las acusaciones para mantener la acusación sería la condición de Jefe de Personal. Sin embargo, continúa, su cargo tenía una «absoluta y total» falta de relación entre las actividades desarrollada por Aurelio.

En cualquier caso, la defensa de los tres acusados remarcan que la actuación de Antonio, Arturo y Aurelio del Valle «carecer por completo de relevancia penal» y por tanto no son constituíos del delito contra los derechos de los trabajadores, homicidio por imprudencia grave, de lesiones por imprudencia ni de ningún otro delito. Por todo ello, solicita su libre absolución.