El empresario leonés Martínez Parra evita el pacto con la fiscalía en la primera sesión del juicio de la Gürtel

La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el juicio de esta pieza de Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, en el que se sientan en el banquillo 23 acusados, entre ellos el ex director general de la Policía y expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino y el ex director general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Pedro García Jimeno.

Igualmente vuelven a comparecer en un nuevo juicio de Gürtel los integrantes de la cúpula de la trama, su líder, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el responsable de la red en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes, los tres ya en prisión al estar cumpliendo condenas por otras piezas del caso.

Las fiscales estiman que utilizando gestiones realizadas por Juan Cotino, que entonces era consejero de Agricultura, los acusados consiguieron que fueran adjudicados al grupo de Correa contratos para la instalación en las calles de Valencia de pantallas y sonido por 7.493.600 euros y que se hiciera cargo del gasto la RTVV, con unos sobrecostes que les aseguraban repartirse beneficios.

Así se repartieron supuestamente 3.387.197 euros de dinero público entre Pedro García Gimeno, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y el también acusado José Ramón Blanco Balín, que llevaba la contabilidad y la fiscalidad de Orange Market, la empresa de la trama en Valencia.

Por su parte, según la Fiscalía, Juan Cotino, recibió de las empresas del grupo Correa como regalo un chaquetón valorado en 375 euros.

Durante la primera sesión celebrada este lunes el abogado del empesario leones José Luis Martínez Parra, que era director de la firma berciana Teconsa, empresa a la que se adjudicó el suministro de las pantallas y los aparatos de sonido para la visita del papa con ocasión del Encuentro Mundial de las Familias, ha denunciado «las maniobras» que realiza la Fiscalía en España para pactar con acusados después de presentar su escrito de acusación. De este modo la defensa de Parra se ha distanciado de los pactos con fiscalía.

La vista ha comenzado con las cuestiones previas en una sesión en la que han manifestado su intención de colaborar con la justicia y confesar los hechos, fruto del pacto con la Fiscalía Anticorrupción, trece acusados, entre ellos Pedro García Gimeno.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía pide para él 40 años de prisión, la mayor pena de las que solicita para el total de 23 acusados.

También se han prestado a confesar los hechos en el mismo sentido Álvaro Pérez, el Bigotes, y José Ramón Blanco Balín, para los que la Fiscalía pide 37 y 18 años de prisión, respectivamente.

El abogado de Blanco Balín, considerado el «blanqueador» de la trama, ha informado de que su defendido ya ha realizado una transferencia de 400.000 euros en concepto de reparación parcial del daño causado, «tras un proceso de reflexión y arrepentimiento».

El resto de acusados que han llegado a un pacto con la Fiscalía ocupaban diversos cargos en la RTVV y en empresas instrumentales del grupo Correa, que se enfrentan a peticiones de pena de la Fiscalía de entre 9 y 15 años de cárcel.

Entre los que no han llegado a ningún acuerdo con la Fiscalía se encuentran Francisco Correa y Pablo Crespo, cuyas defensa han avanzado que se acogerán a su derecho a no declarar: y Juan Cotino, para los que las fiscales piden 38, 37 y 11 años de prisión, respectivamente.

Varias defensas, entre ellas las de Correa y Crespo, han advertido al tribunal de que no puede dictar una sentencia de conformidad ya que para ello el acuerdo debería ser suscrito por todos los acusados.

El abogado de Correa ha pedido la suspensión del procedimiento por nulidad de las grabaciones efectuadas por el exconcejal de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, condenado en el juicio de la época I de Gürtel, que dieron lugar al caso, así como de las efectuadas en la prisión madrileña de Soto del Real a acusados cuando hablaban con sus letrados.

La Fiscalía, sin embargo, ha recordado que las grabaciones de Peñas no son el único eje de la causa y que las posibles pruebas relacionas con las segundas han quedado excluidas del procedimiento.

Por su parte, el defensor de Álvaro Pérez ha anunciado que éste va a seguir colaborando con la justicia como ha hecho en los últimos juicios de la trama.

A su juicio busca «amedrentar« a los acusados y ha estimado que estos acuerdos deberían adoptarse en la fase de investigación pero no en el juicio, pero la fiscal Concepción Nicolás, apoyada por la Abogacía del Estado, ha asegurado que no se ha «coaccionado a nadie» y ha garantizado que todos los pactos se amparan en la legalidad.

La Fiscalía atribuye a los acusados delitos de asociación ilícita, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental, falsedad en documento mercantil, cohecho, contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales.