El 15% de las farmacias rurales reciben casi cinco millones de la Junta para poder sobrevivir en los últimos años

La mayor parte de las farmacias con problemas económicos se encuentran ubicadas en el medio rural, aunque también hay algunas urbanas, según explicó Sáez Aguado, que indicó que ante el riesgo de cierre en algunos casos, se decidió mantener esta línea de ayudas.

Ademas, y junto con colegios de farmacéuticos, la Consejería de Sanidad también ha puesto las bases para «garantizar una planificación que dé garantías a las oficinas de farmacia de su sostenimiento», afirmó. En este sentido, destacó la coordinación en el establecimiento de guardias en determinadas zonas, para garantizar que no se sobrecarga de trabajo a ningún establecimiento.

Sáez Aguado, que realizó estas declaraciones antes de participar en unas jornadas organizadas por la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria en Valladolid, también resaltó que desde su departamento siempre se ha mantenido el apoyo a las farmacias, en especial durante los peores años de la crisis. En este sentido, explicó que la Junta de Castilla y León, al contrario que otros gobiernos autonómicos, siempre pagó sus facturas de forma puntual a las farmacias.

El consejero explicó que la farmacia comunitaria forma parte del denominado 'modelo mediterráneo', un modelo de éxito y con gran presencia en el territorio, especialmente en Castilla y León, la segunda comunidad autónoma con un mayor número de farmacias en su territorio, por lo que abogó por proteger en la Comunidad unos establecimientos sanitarios, que a pesar de ser privados, son de interés público.

Por otra parte, Sáez Aguado también subrayó que la farmacia comunitaria está viviendo un profundo proceso de transformación. Si hasta hace unos años su cometido principal era dispensar medicamentos, ahora, cada vez más, también presta servicios profesionales como la detección del pacientes VIH, los programas de apoyo a las campañas de vacunaciones o la Red de Farmacia Centinela, que convirtió a Castilla y León en la primera comunidad en poner en marcha un sistema de vigilancia de efectos secundarios de los medicamentos.

Esta transformación, según explicó, es un debate muy actual en el que los colegios y las sociedades de farmacéuticos vienen planteando cómo apoyar y retribuir este tipo de servicios, y que también se analiza por las administraciones, «ya que supone una mayor integración de las oficinas de farmacia en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y una mayor coordinación de los profesionales con los médicos de familia».