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«Daba igual que lloraras. Él hasta llegar a su orgasmo hacía lo que quería»; «Él te acariciaba, te tocaba mientras él también se tocaba. Nunca hablaba simplemente actuaba»; «En esa época se pusieron las botas».
Son sólo algunas de las declaraciones de niños ... hoy convertidos en hombres que fueron víctimas de la pederastia en la Iglesia de León. Un horror que conoció de primera el Papa Francisco en 2014. Sin embargo, no fue hasta el 2018 cuando salieron a la luz pública.
El primero en alzar la voz fue el leonés Francisco Javier, que decidió romper su silencio. También el de la Iglesia, que mantenía al frente de la parroquia zamorana de Tábara a su abusador, el sacerdote José Manuel Ramos Gordón.
Su testimonio, no sin trabas, ha permitido poner luz a la oscuridad y destapar la lacra de la pederastia en la Iglesia de España. Las denuncias en los últimos meses se han sucedido e incluso se ha constituido la primera asociación 'Infancia robada' para destapar más casos.
Una situación que ha hecho saltar la alarma social y que parece haberse convertido en asunto de Estado. La proliferación, en las últimas semanas, de casos de abusos sexuales a menores vinculados a miembros de la Iglesia ha hecho que el Gobierno se decida a tomar medidas.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que le informe sobre las diligencias abiertas en los tribunales por agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otro tipo de institución religiosa.
En su escrito al organismo que dirige María José Segarra, la ministra Delgado destaca la continua difusión de noticias sobre numerosos casos de supuestas agresiones sexuales cometidos en el seno de congregaciones e instituciones religiosas, instituciones que, en muchos casos, han contribuido a la ocultación de esos delitos y «a la protección de los victimarios».
Esas informaciones han generado «una importante alarma social» y «una fuerte demanda para que eL Gobierno aborde este fenómeno», explica la ministra a la fiscal general. En cualquier caso, el Ejecutivo todavía no ha dado el siguiente paso, esto es, reclamar la elaboración de un informe independiente, como ha sucedido en Irlanda o Australia. En otros países como Alemania ha sido la propia Iglesia la que ha desarrollado una investigación interna.
La titular de Justicia recuerda que el Consejo de Ministro aprobó el pasado 28 de diciembre el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia «cuyo objetivo es otorgar una mayor protección a niños, niñas y adolescentes frente a cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional». Delgado subraya que uno de los aspectos de ese anteproyecto es la reforma de las agresiones y los abusos sexuales cometidos a menores.
La Audiencia Provincial de Lugo celebraba este viernes la primera jornada del juicio contra el fraile de la localidad de O Cebreiro, acusado de abusos sexuales contra una menor y un menor discapacitado y de elaboración de material pornográfico.
El religioso asegura que «perdió el norte», que las relaciones eran «consentidas» y que no sabía que la supuesta víctima era menor de edad. Mientras tanto, ya son once los exalumnos del Colegio Salesianos de Deusto, en Bilbao, que han denunciado a un exprofesor de ese centro por delitos contra la libertad sexual ocurridos alrededor de 1980.
También este viernes, el Arzobispado de Tarragona admitió que en junio de 2015 y noviembre de 2016 denunció a dos clérigos de su diócesis por presuntos tocamientos a menores «con finalidad libidinosa», aunque, explican, fue una investigación interna y sólo se adoptaron medidas disciplinarias en uno de los casos.
No es el único caso en que se ve envuelta la Iglesia catalana. El domingo, el abad del monasterio de Montserrat, Josep Maria Soler, pidió perdón en la homilia «por las cosas que en el pasado no se hayan podido hacer lo bastante bien» y el Obispado de Gerona llevó a la Comisión Diocesana los supuestos abusos a menores cometidos por el exrector de Vilobí d'Onyar entre las décadas de los 60 y los 80.
El pasado octubre, la Conferencia Episcopal Española creó una comisión reservada para actualizar los protocolos de actuación contra los casos de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, aunque ese grupo comenzó con polémica, ya que se designó como presidente al obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, que había ocultado a la opinión pública los abusos de un sacerdote de La Bañeza.
Ante la aparición de casos en todo el mundo, Francisco ha convocado, del 21 al 24 de febrero, a los presidentes de todas las conferencias episcopales para tratar de dar una respuesta común a este problema.
Para ello, el anteproyecto de ley cambia el régimen de prescripción de estos delitos para que el plazo empiece a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años y no a los 18, como actualmente. La ministra de Justicia justifica los cambios por los «efectos especialmente graves para el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas que los sufren, efectos que perduran durante gran parte de su vida adulta».
También señala que el objetivo de la ley presentada por el Gobierno es «garantizar que el perjudicado o perjudicada hayan alcanzado suficiente madurez para vencer la vergüenza y el miedo que generan estas execrables agresiones y pueda afrontar con solvencia la denuncia de los hechos y el proceso penal al que, en su caso, dé lugar».
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