Gobierno, térmicas y sindicatos sientan las bases de los planes para la transición justa en Castilla y León

Según informaron fuentes del Gobierno en un comunicado, el documento recoge los compromisos de cada una de las partes para apoyar a los trabajadores y los territorios de las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas, que se ubican en Castilla y León -incluida Garoña-, Aragón, Andalucía, Galicia, y Principado de Asturias.

«Sus focos de actuación prioritaria son el mantenimiento del empleo en los territorios y su dinamización económica e industrial, ligados al despliegue de energías renovables y otros proyectos«, añadió el Ejecutivo.

«Agradezco la responsabilidad compartida con las administraciones autonómica y local y los agentes sociales, y los esfuerzos de todas las partes para seguir trabajando y definiendo el marco de transición justa mediante la firma de este acuerdo tripartito», dijo la vicepresidenta Teresa Ribera.

Por parte de la Administración General del Estado, el pacto implica la creación de un marco para el seguimiento de los trabajadores implicados, a través del Sistema Público de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE), además de planes de formación específicos y medidas orientadas a la recolocación, entre otras cuestiones.

Por su parte, las empresas firmantes se comprometen al desarrollo de planes de acompañamiento para las zonas afectadas, aprovechando las oportunidades asociadas a las diferentes líneas de negocio que se identifiquen para cada territorio. De igual modo, trabajarán para el mantenimiento del empleo mediante la recolocación de los puestos directos y la priorización de la contratación de los trabajadores de empresas auxiliares.

El compromiso de empresas, sindicatos y Administración central en la búsqueda colectiva de soluciones de futuro para estas zonas resulta especialmente necesario en el contexto de la crisis del Covid-19.

Además el Gobierno indicó que este acuerdo se suma a los protocolos de actuación que el Ejecutivo central está firmando con los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos vinculados a las centrales térmicas en proceso de cierre para la realización de Convenios de Transición.

Los convenios recogerán los proyectos concretos que se apoyarán en cada zona, la financiación de acompañamiento y un programa de seguimiento de lo acordado. El primer paso para su elaboración es el lanzamiento de un proceso participativo en las diferentes zonas en transición, que en este momento se están realizando de forma telemática, en cumplimiento de las medidas adoptadas para frenar el brote de Covid-19.

En virtud del acuerdo firmado, los Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de Trabajo y Economía Social ofrecerán apoyos para la realización de los convenios de transición y el mantenimiento del empleo para los trabajadores afectados, a través de formación y planes de inserción.

Ambos se comprometen también a trabajar en la búsqueda «proactiva» de inversores con proyectos que puedan localizarse en las zonas afectadas, teniendo siempre en cuenta las características y las particularidades de cada territorio.

Al respecto, indicaron que las características de cada zona serán igualmente consideradas a la hora de valorar las oportunidades que surjan en materia de política energética, favoreciendo la implantación de iniciativas empresariales vinculadas a esta actividad. Entre las herramientas que se pueden activar en este sentido, el departamento de Ribera podrá ofrecer, mediante procedimientos como concursos, el otorgamiento de permisos de acceso a la red para nuevos proyectos renovables donde se produzcan los cierres de térmicas de carbón, tal como establece el Real Decreto Ley 17/2019, de 22 de noviembre, de medidas urgentes para impulsar una transición energética justa. De igual modo, se podrán celebrar subastas de energías renovables específicas en estas áreas.

Estas herramientas quedarán incluidas, en su caso, en los Convenios de Transición Justa de cada territorio. Además, recogerán las medidas que tanto el Sistema Nacional de Empleo (SNE) como los servicios de empleo de las comunidades ofrecerán a los trabajadores de las zonas afectadas. «El objetivo es ofrecerles apoyo específico para su reinserción laboral en los nuevos proyectos empresariales incluidos en los convenios. Así, el acuerdo firmado hoy recoge la identificación a través del SISPE de los trabajadores de las centrales térmicas y de sus empresas auxiliares como colectivo especial ligado a los Convenios de Transición Justa. Esta identificación permitirá el seguimiento de la evolución de las bolsas de empleo de cada Convenio y la posibilidad de diseñar acciones complementarias que mejoren la empleabilidad«, añadió.

A estas medidas se sumará el plan de apoyo para la formación profesional e inserción laboral para trabajadores en las zonas afectadas orquestado a través de un convenio que se firmará entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el anunciado Instituto de Transición Justa (actual IRMC), que aportará financiación para la adecuación de los planes formativos a la demanda de nuevos perfiles.

Las empresas propietarias de las centrales térmicas de carbón en proceso de cierre han remitido, a la firma de este acuerdo, un plan de acompañamiento que incluye una propuesta de nuevas inversiones en los mismos territorios, relacionadas con oportunidades de negocio en generación mediante energías renovables u otras líneas de negocio cuando resulten viables.

Según el Gobierno, contemplan el diseño de planes de recolocación para el personal propio y la prioridad de la contratación de los trabajadores de empresas auxiliares en las labores relacionadas con las nuevas actividades y el desmantelamiento y restauración de las centrales.

Además, las compañías se comprometen a prestar apoyo en la búsqueda proactiva de otros inversores y participarán en la elaboración de los Convenios de Transición Justa, a los que podrán aportar su conocimiento de la realidad empresarial del territorio. Además colaborarán, a través de acciones específicas, en el plan de apoyo para la formación profesional e inserción laboral para garantizar la mejora de la empleabilidad de los trabajadores en las nuevas actividades.

Por su parte, para la realización de los Convenios de Transición Justa, los sindicatos se comprometen a facilitar el cumplimiento y seguimiento de los compromisos en materias de formación, prevención de riesgos laborales, reindustrialización y divulgación, así como todos aquellos que se puedan ir sumando en la consecución de los objetivos de este acuerdo.

Según lo acordado por las partes, se creará una Comisión de Seguimiento que velará por el cumplimiento del acuerdo y que estará conformada por un número idéntico de representantes del Estado, las empresas y las organizaciones sindicales. Se reunirá cada seis meses de modo ordinario para conocer los detalles relacionados con la marcha del acuerdo, y de manera extraordinaria siempre que lo solicite una de las partes.

El Gobierno expuso que el objetivo prioritario de estos convenios es el mantenimiento y la creación de actividad y empleo en las comarcas afectadas por el cierre de centrales térmicas de carbón, a través del acompañamiento a sectores de actividad y colectivos en riesgo, la fijación de población en los territorios y la promoción de una diversificación y especialización de la actividad económica en coherencia con el contexto socioeconómico. Suponen la materialización de la Estrategia para la Transición Justa, que forma parte del Marco de Energía y Clima.

La misión de la Estrategia, que ha seguido en su elaboración las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es aprovechar los recursos endógenos del territorio, ya sean económicos, sociales o ambientales, y atraer inversiones, apostando prioritariamente por sectores que presenten mejores resultados de sostenibilidad, tanto ambiental como económica y social.

Los convenios incluyen un proceso participativo de movilización y consulta para su elaboración; la caracterización, diagnóstico y análisis socioeconómico y de infraestructuras de las zonas afectadas por los cierres; y, cuando se hayan producido, la evaluación de planes e iniciativas, garantizando la centralización de la comunicación e información entre todos los implicados en los proyectos así como la identificación de posibles inversiones, actuaciones y proyectos para la reactivación de las zonas, el análisis de su viabilidad y una propuesta de plan de acción.

En estos momentos, se trabaja en la elaboración de toda esta documentación y ya se han activado los procesos participativos, por vía telemática, en Aragón, Suroccidente, Valle de Nalón y Valle del Caudal, todos ellos en Asturias.

Próximamente, se iniciarán los procesos participativos en las áreas restantes: Montañas Centrales Leonesas-La Robla; Guardo-Velilla; Villablino y El Bierzo, y Garoña, en Castilla y León; Meirama y As Pontes, en Galicia; Puente Nuevo y Carboneras, en Andalucía; y Zorita, en Castilla-La Mancha.