El Instituto para la Transición Justa inicia en Castilla y León los procesos participativos para elaborar los Convenios de Transición Justa

Estas zonas vienen sufriendo un acusado proceso de envejecimiento y despoblación como resultado de la reestructuración de la minera y el declive de la actividad económica. Además, aquellos municipios en los que cierran minas o centrales sufren un impacto directo económico al dejar de percibir una parte importante de ingresos municipales por impuestos. El lanzamiento de los procesos de participación, paso previo a la elaboración de los Convenios de Transición Justa, es clave de cara a poner estas zonas en el mapa de la transición justa y hacer posible la identificación y atracción de posibles proyectos, inversiones y oportunidades de empleo que garantice la reactivación económica de cada zona, basada en un modelo productivo diversificado y sostenible, generando nuevas oportunidades para las personas, sin dejar a nadie atrás.

La información recabada en los procesos participativos, gracias a las contribuciones de los diferentes agentes sociales y económicos de la zona, constituye la base para la elaboración final de los Convenios de Transición Justa. Estos Convenios incluirán las mejores propuestas y proyectos identificados en el proceso, que serán seleccionados en base a su capacidad de generar y fijar empleo sostenible en el medio y largo plazo, en las zonas afectadas. Además, los Convenios incluirán medidas para apoyar la ejecución de los proyectos seleccionados, ya sea diferentes fuentes de financiación como otras formas de apoyo específicas que puedan necesitar. La incorporación de iniciativas a los Convenios atenderá también a su adecuación en términos ambientales, sociales y económicos, activando así la transición ecológica en cada punto. En conjunto, se trata de aunar participación social con profesionalización de los procesos.

En concreto, los procesos participativos se dirigen a los agentes sociales y económicos del territorio, incluyendo Administraciones Públicas, organizaciones sindicales, empresas y organizaciones de los sectores empresariales, pero también universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales, agencias de desarrollo, grupos de acción local y demás entidades interesadas o afectadas.

Los procesos de participación permanecerán abiertos hasta el 7 de julio y, de partida, la documentación de los mismos ha sido remitida a un centenar de agentes en cada uno de los procesos. No obstante, se trata de un procedimiento abierto y cualquier entidad o particular interesado puede realizar contribuciones.

Se trata de un proceso abierto a todas las aportaciones, que serán consideradas para realizar las modificaciones necesarias para que el Convenio se adapte a la realidad de las zonas. Esto incluye la delimitación preliminar que se presenta para cada zona, que no constituye un listado definitivo, dando la oportunidad de proporcionar datos que, en base a los criterios establecidos, permitan la inclusión de nuevos municipios. En este sentido, en base a aportaciones ya recibidas, «hemos iniciado un proceso para realizar una revisión técnica de la metodología de delimitación de los Convenios para considerar la inclusión de otros criterios, como el de impacto acumulado por los cierres que se han venido produciendo en las últimas décadas, así como impactos socioeconómicos que vayan más allá del empleo, entre otros criterios. En todo caso, esta revisión debe considerar que los criterios son generales y han de ser aplicables por igual para todas las zonas de España», apuntan desde el MITECO.

Las aportaciones han de remitirse a través de la dirección de correo electrónico: Convenios_Transicion_Justa@tragsa.es.

Además, este martes se han iniciado los procesos participativos para los Convenios de Transición Justa de Meirama (Galicia); Puente Nuevo-Valle del Guadiato (Córdoba) y Carboneras (Almería) en Andalucía.

En paralelo al lanzamiento de estos seis procesos participativos, el ITJ trabaja en la formalización de los respectivos protocolos de actuación, documentos que recogen el compromiso expreso adquirido por parte del Ejecutivo central, el Gobierno de Castilla y León y los ayuntamientos para trabajar de forma conjunta, y a través de un procedimiento común, en la elaboración de los Convenios. Su firma constituye una garantía para los diferentes actores y para los ciudadanos de las zonas afectadas por la transición energética.

Los procesos que ahora se inician en Castilla y León, Galicia y Andalucía se incorporan a los del Principado de Asturias y Aragón, ya en marcha. El pasado mes de marzo, se firmaron los diferentes protocolos de actuación y se iniciaron los procesos participativos del Valle del Caudal y el Valle del Nalón en la comunidad asturiana, los cuales se encuentran a punto de concluir.

En Aragón, por su parte, el proceso participativo de Andorra-Sierra de Arcos concluyó el pasado 7 de junio, tras haber registrado 99 iniciativas y proyectos enfocados, entre otros sectores, a la generación de energías renovables y a la fabricación de componentes, la formación y la logística en este sector. También se han identificado iniciativas de innovación agrícola y ganadera, usos no energéticos del carbón, industria agroalimentaria y manufacturera o proyectos ecoturísticos, entre otros. El protocolo de actuación en Aragón se firmó el pasado mes de abril.