Investigada en León una red que manipulaba exámenes para el carnet de fitosanitarios y estafó a 7.000 personas

Fuentes del Instituto Armado han explicado que los afectados pagaban entre 100 y 130 euros por los cursos para obtener el carnet, cuando en realidad la mayoría de ellos no lo necesitaban porque sólo utilizan estos productos para el autoconsumo. Además, la trama hacía trampas en los exámenes que dan acceso al carnet.

Así, a los investigados --nueva denominación de los imputados-- en la 'operación Fito' se les atribuye la supuesta comisión de los delitos de falsedad documental y estafa.

La operación se inició el pasado mes de enero a raíz de una información facilitada por el Servicio de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León donde se ponía de manifiesto presuntas irregularidades en la realización de cursos de formación de fitosanitarios para la obtención del carnet.

En ese momento comenzó una inspección de varios cursos y se constató que varias empresas ofertaban acciones de formación compuestas por una primera fase online con una carga lectiva de 16 horas y una segunda fase práctica con 9 horas.

Robots informáticos

En la fase online se estaba haciendo un uso masivo de las mismas direcciones IP por múltiples alumnos y además en unos tiempos muy reducidos, lo que hizo sospechar que eran realizados por robots informáticos o por un mismo usuario que al conocer las respuestas iba contestando las preguntas en el mínimo tiempo posible si tiempo para leer el contenido ni analizar las preguntas.

Igualmente, la Guardia Civil, en colaboración con inspectores de la Junta de Castilla y León, detectó múltiples irregularidades en la fase práctica de los cursos que se estaban desarrollando en diferentes sedes de la comarca del Bierzo, múltiples irregularidades.

En algunos casos no se impartía la fase teórico-práctica que debe incluir el examen práctico de los elementos a utilizar en la manipulación de productos fitosanitarios. Otras veces, los certificados de superación del curso estaban expedidos antes de llevar a cabo los exámenes finales que evaluaban los conocimientos adquiridos.

Asimismo, el examen se realizaba para grupos de más de 50 personas con un único profesor presente, en condiciones de masificación por lo que se facilitaba el poder copiar. En el caso de que el alumno tuviera problema de entendimiento en las preguntas los profesores rellenaban, marcaban o señalaban las respuestas.

Algunos alumnos manifestaban desconocer su propia dirección de correo electrónico necesario para la fase online, incluso afirmaban desconocer la existencia de la fase online. Otros afirmaron desconocer totalmente el uso de las nuevas tecnologías y en especial de la informática y de Internet e incluso varios de los alumnos presentes en el momento del examen no sabían ni leer ni escribir.

Durante la inspección se intervinieron baterías de 126 preguntas de las cuales 33 estaban remarcadas coincidiendo estas con las 33 preguntas tipo test del examen final.

Sin necesidad del carnet

Los investigados hacían correr el rumor entre los agricultores de que toda personas que tratase con productos fitosanitarios (tanto de forma particular para autoconsumo como profesional para la venta de productos) debía de obtener un carnet de manipulador de productos fitosanitarios ya que dicho carnet podía ser requerido por el Seprona en las inspecciones que realiza en el campo.

Según la vigente legislación, el carnet sólo es necesario cuando se va hacer un uso profesional (cuando se vendan los productos agrarios que han sido tratados), y dicho carnet ha de ser presentado en las tiendas del sector pudiendo adquirir una mayor cantidad de producto a menor precio por tener menos IVA.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de estas personas no necesitaría el carnet de aplicador, ya que no se trata de usuarios profesionales, sino de personas que utilizan los productos fitosanitarios para sus huertas de autoconsumo.

La operación ha sido coordinada por la Fiscalía de Medio Ambiente y por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ponferrada (León), además se ha contado con la colaboración de los técnicos en Sanidad y Producción Vegetal del Servicio de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y Xunta de Galicia.

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