La Junta destinará 1,8 millones a la restauración de la zona afectada por el incendio en Fabero

En ese sentido, Suárez-Quiñones, que se reunió con los alcaldes y presidentes de las juntas vecinales de las zonas afectadas, hizo un repaso de los datos del incendio y avanzó las labores que se van a realizar a partir de ahora. Al respecto, el consejero adelantó que los trabajos de emergencia de la primera fase tienen por objetivo recuperar la función del ecosistema forestal. Se actuará para evitar la erosión y asegurar el terreno, para evitar las plagas o para recuperar los acuíferos, explicó el consejero.

Las actuaciones urgentes, que darán comienzo de forma inmediata y tendrán una duración de siete meses, consistirán en la realización de tratamientos de clareo, poda y resalveo de las especies más importantes, la repoblación de 125 hectáreas de coníferas y frondosas, la reposición de diques, la construcción de zanjas y balsas de decantación de cenizas, el control de insectos perforadores o la adecuación de pistas y señalizaciones.

En el mes de mayo, se iniciarán las actuaciones de la segunda fase del proyecto, encaradas a la restauración de la cubierta vegetal, la adecuación de infraestructuras y la continuación de las obras iniciadas en esta primera fase de emergencia. En ese sentido, Suárez-Quiñones cifró en 1,8 millones las inversiones destinadas a la reforestación y rehabilitación del entorno que se pondrán en marcha en los siguientes cuatro años, aunque recordó que se trata de un proyecto abierto y flexible. Al respecto, el consejero adelantó que se actuará donde técnicamente se determine que se tiene que actuar y recordó que las consecuencias no van a terminar, vamos a tener que seguir actuando siempre.

La semana pasada, el consejero visitó Fabero para anunciar la inversión de un millón de euros en un proyecto de tres fases que sirva para solucionar los problemas de abastecimiento de agua que vive el municipio desde que se produjo el incendio. En ese sentido, las actuaciones consistirán en la instalación de decantadores y desarenadores que eliminen los arrastres de ceniza y en la mejora y modernización de la estación de captación, de la conducción y de la planta potabilizadora.

Daño ambiental

El incendio de Bárcena de la Abadía fue uno de los tres grandes incendios forestales producidos este verano, que arrasó 2.665 hectáreas, de los municipios de Fabero, Páramo del Sil, Peranzanes y Candín. Gran parte de la superficie calcinada está calificada como Red Natura 2000 y constituye una Zona de Especial Conservación y de Especial Protección para las Aves. Al respecto, Suárez-Quiñones lamentó el daño ambiental muy importante causado por el fuego en estos espacios. Nuestros esfuerzos van a estar encaminados a volver a rehabilitarlos, avanzó el consejero, que recordó que el proyecto pone las bases para que el monte vuelva a estar como tiene que estar.

El fuego se originó el pasado 12 de septiembre y alcanzó el nivel 2 de peligrosidad por su proximidad a núcleos habitados. Una veintena de vecinos de tres poblaciones -San Pedro de Paradela (Fabero), Fresnedelo (Peranzanes) y Argayo del Sil (Páramo del Sil)- tuvieron que ser desalojados ante la cercanía de las llamas. Las lluvias ayudaron a las tareas de extinción, en las que intervinieron más de 300 efectivos que trabajaron durante tres días. Del total de superficie quemada, 815,23 hectáreas correspondían a superficie forestal arbolada, otras 1.772,99 hectáreas fueron superficie forestal desarbolada y 76,91 hectáreas calcinadas pertenecían a superficie no forestal.

Perseguir a los autores

Por otro lado, el consejero insistió en el origen voluntario y deliberado de un incendio que se produjo después de 20 intentos en la misma zona. Esto no se prendió de forma espontánea, lamentó Suárez-Quiñones, que avanzó que la Junta presentará la semana que viene el nuevo sistema de vigilancia forestal, que contará con más de 20 torres de observación en las que se instalarán cámaras de videovigilancia. Nos permitirán anticipar la respuesta ante el fuego y estarán a disposición de la investigación, explicó.

En ese sentido, el consejero insistió en la necesidad de perseguir a los criminales responsables del incendio. Estamos aquí todos porque alguien criminalmente lo quiso, pido al Bierzo que trate de desenmascararlos y llevarlos ante la Justicia, aseguró. En la misma línea, la subdelegada del Gobierno en León, Teresa Mata, hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana con la Guardia Civil. Si se sabe que hay gente que quema el monte, tienen que decirlo, afirmó Mata, que destacó la coordinación absoluta entre la administración del Estado y la autonómica para llevar a cabo la reforestación de la zona.

Trabajadores locales

Por su parte, la alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, insistió en la petición para que sean trabajadores de la zona los que lleven a cabo las tareas de reforestación. Al respecto, el consejero recordó que los trabajos se licitarán en contratos abiertos, aunque matizó que parece razonable y lógico que las personas que trabajen en esas empresas sean trabajadores locales. Lo podemos sugerir pero no lo podemos imponer, recordó Suárez-Quiñones, que se comprometió a negociar en esa línea con el adjudicatario del contrato.

Ayudas para la reforestación privada

Por último, el consejero concretó las cifras del fondo de ayudas para particulares y propietarios privados que realicen tareas de reforestación, de rehabilitación o de plantación en zonas determinadas, que anunció esta mañana tras visitar la zona calcinada por el incendio registrado en Castrocontrigo (León) hace cuatro años y que dejó un balance de casi 12.000 hectáreas calcinadas.

En concreto, las ayudas ascenderán a un total de cinco millones de euros que formarán parte de un programa de cinco años de duración. La primera convocatoria, que Suárez-Quiñones espera tener lista en el mes de enero, contará con una partida de dos millones según anunció el consejero. En el caso del incendio de Bárcena de la Abadía, los propietarios privados también podrán acogerse a esta línea de ayudas, aunque el propio Suárez-Quiñones recordó que el 90 por ciento de la superficie quemada eran montes de utilidad pública pertenecientes a las Juntas Vecinales.