Otero, Lillo y Sancedo, contra Victorino Alonso: «No consentiremos que nos venda la moto»

«No vamos a consentir que Victorino Alonso nos venda otra vez la moto». Lo dicen alto y claro y sin morderse la lengua.

Los vecinos de Lillo de Bierzo y Otero de Naraguantes, en el municipio de Fabero, escriben un nuevo capítulo en la lucha que emprendieron hace casi tres décadas contra el empresario minero. En aquel momento -corría el año 1995- se movilizaron para defender un suelo que les fue «expropiado y comprado bajo amenaza de expropiación por este empresario sin escrúpulos», explican, en su afán por impulsar la Gran Corta, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes de Europa.

Las más de 700 hectáreas que dieron vida a toda la cuenca minera Fabero-Sil y que se consolidaron como uno de los más importantes bastiones de la minería en los años de su esplendor afrontan hoy un ambicioso proceso de restauración ambiental en el que se invierten más de 38 millones de euros de dinero de erario público.

Se trata de unos terrenos que pasados más de 25 años los propietarios esperaban que se les devolvieran de forma automática una vez restaurados, tal y como contemplan lo contratos que firmaron. Pero no ha sido así. Lejos de ello, los vecinos que en aquel momento no vendieron sus tierras se han visto obligados a levantarse de nuevo contra la intención de sociedades como Geninvest y Comile, entre otras, «testaferros de Victorino Alonso que operan como una especie de mafia en el Bierzo para adueñarse ilícitamente de fincas y terrenos de los pueblos con el silencio de las administraciones regionales y la Junta de Castilla y León», denuncia Laurentino González, uno de los vecinos afectados.

«Empresas fantasma» que, según aseguran, «tras expoliar el territorio del Bierzo durante años, ahora quiere re-expoliarlo quedándose con los terrenos para instalar macroparques fotovoltaicos para que, nuevamente, a costa del erario público enriquecerse aún más».

«Los pueblos no estamos dispuestos a que nos venda otra vez la moto», insisten. Los afectados -cerca de 400 propietarios de más de 100 hectáreas- junto a las juntas vecinales de Lillo del Bierzo y Otero de Naraguantes han enviado escritos a las empresas reclamando su derecho de reversión de la propiedad de la fincas usurpadas. «Pero esto qué es, cómo les pueden legalizar unas tierras que ellos saben que el contrato tiene una cláusula de reversión a los 25 años», se pregunta este vecino de Lillo del Bierzo.

Por ello denunciaron el problema al Defensor del Pueblo que lo ha admitido a trámite y ha remitido toda la información a la Junta de Castilla y León, a la que los vecinos exigen que obligue al grupo empresarial de Victorino Alonso a que «cumpla los contratos y acuerdos establecidos con los pueblos, tanto de los vecinos y vecinas como de las juntas vecinales de los mismos, antes de darles permiso de ningún tipo».

Los afectados han enviado a la empresa testaferro de Victorino Alonso los documentos de propiedad de las fincas para evitar un expolio que amenaza con extenderse a los vecinos de Sancedo y a los que se unirán para que una empresa del grupo Alonso se adueñe también de sus fincas.

En este caso, según explica el alcalde, Marcos Álvarez, un centenar de vecinos e incluso el propio Ayuntamiento han recibido ya cartas del Catastro en las que se les invita a que demuestren la titularidad de las más de 450 hectáreas de suelo repartidas en más de mil fincas donde la empresa Coto Minero Cantábrico (CMC), propiedad del empresario minero Victorino Alonso, recogió la madera para postear en las minas. «Los vecinos han acudido al Ayuntamiento clamando al cielo de que les quieren robar sus fincas», señala. Incluso al propio Consistorio le piden que justifique la titularidad de una finca que «es de tiempo inmemorial del Ayuntamiento», relata el regidor.

Por todo ello, insta al Catastro a que suspenda la tramitación de ese expediente «porque está generando indefensión en los vecinos de Sancedo porque en quince días es imposible o difícil justificar una propiedad». Es más, el primer edil denuncia que si las cartas no se contestan cambian la titularidad de esa finca «y los datos en el Catastro no están siempre actualizados».

El Ayuntamiento de Sancedo reclama, por ello, la documentación que ha generado el envío de esas cartas para ponerlo en conocimiento de sus servicios jurídicos. El primer edil tiene claro que para determinar las fincas «hay que ir al campo», porque además la MSP «tiene prácticamente todas sus fincas amojonadas, entonces las dudas, si se va al campo con un trabajo técnico serio no pueden ser tantas», concluye el regidor.

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