La PAH pide a los ayuntamientos bercianos sanciones para los fondos buitre con pisos vacíos

Todo ello a través de sanciones con hasta tres multas coercitivas que pueden alcanzar los 100.000 euros y si continúa vacía una sanción «por infracción grave». Por el contrario, el colectivo considera que el Ayuntamiento puede incentivar a los propietarios particulares con casas desocupadas mediante la exención de impuestos, entre otras medidas.

En la actualidad, la PAH estima que en la comarca del Bierzo hay más de 500 viviendas vacías debido a ejecuciones. Y es que solo en lo que va de año se han producido más de un centenar de alzamientos que han concluido, en su mayoría, en daciones con alquiler social.

La presidenta del colectivo, Mariló Cobo, lamentó que los fondos buitre mantengan esas viviendas vacías de forma permanente y sin pagar impuestos, comunidades o seguros, porque «hay mucha necesidad, sobre todo en el Bierzo». De hecho aseguró que hay muchas que «no pagan el IBI desde que fueron ejecutadas». Además, consideró «indignante» que «se hayan apropiado» de esos inmuebles, «algunos por 1.700 euros cuando estaban valorados en 100.000».

De este modo, cree que el Ayuntamiento de Ponferrada dispone «de todo lo necesario» para que los fondos buitre cedan esas viviendas y sea el propio Consistorio el que las gestiones «con un alquiler bajo». Y es que, a su juicio, en el Bierzo el alquiler «está sobrevalorado». «Se piden 400 o 500 euros, pero el sueldo medio no llega a a los mil euros. Además mucha gente está viviendo de ayudas y con 460 euros no pueden pagar 400 de alquiler, por tanto lo que hace falta es que el alquiler sea asequible, unos 150 euros máximo, para gente que lo necesita», argumentó Cobo.

Todos los partidos políticos que conforman la Corporación Municipal han recibido copia de la moción, que esperan que se debata «cuanto antes», y esperan que «no haya distinción de partidos políticos a la hora de votar a favor de esta moción».

Por otro lado, la PAH Bierzo informó que están asesorando a los afectados de la comarca por el caso del 'cártel del automóvil' y también asesorando y ofreciendo asistencia legal gratuita para reclamar los intereses indebidamente cobrados en las compras con las tarjetas 'revolving'.