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Una de las primeras ruedas de prensa de Manuel Fraga como fundador de Alianza Popular.

Los populares recurrieron en 1983 al Constitucional la inclusión de León en la comunidad autónoma

Luis Fernández Fernández-Madrid, portavoz adjunto del Grupo Popular del Senado, defendió que «León debe segregarse del bloque castellano-leonés porque esta provincia es una entidad completamente diferenciada de Castilla» | Populares y socialistas no han mostrado una postura tan contundente a favor de la comunidad hasta los últimos años

Nacho Barrio

León

Viernes, 3 de enero 2020, 10:38

A pesar de la defensa a ultranza realizada en las últimas semanas en favor del sistema autonómico tal y como ha llegado a 2020, hubo un tiempo no tan lejano en el que la postura de los populares era bien diferente. Como lo era ... su situación como corriente política.

A principios de junio de 1983, un total de 54 senadores de Alianza Popular, Partido Demócrata Popular y Unión Liberal (germen del actual Partido Popular) presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la inclusión de las provincias de Segovia y León en la comunidad autónoma de Castilla-León, según se denominaba en aquel momento.

Aquella postura totalmente contraria a la comunidad de nueve provincias que estaba por nacer se justificaba en palabras de Luis Fernández Fernández-Madrid, portavoz adjunto del Grupo Popular del Senado, en que León «debe segregarse del bloque castellano-leonés porque esta provincia es una entidad completamente diferenciada de Castilla», como recogió Europa Press. De hecho, el portavoz popular señaló que, «una vez apartada de la actual comunidad, León emprendería el camino para constituirse en ente autónomo uniprovincial».

Este recurso topó finalmente con la sentencia del Tribunal Constitucional. León quedó definitivamente integrada en la comunidad autónoma de Castilla y León y Valladolid fue confirmada como sede de dicha comunidad.

El pleno del alto tribunal desestimó el recurso de inconstitucionalidad promovido por Luis Fernández Fernández-Madrid contra la ley orgánica 4/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de Castilla-León.

Así, la sentencia declara que no puede ser revocado el primer acuerdo adoptado por la Diputación Provincial de León, en el que decidió formar parte de la comunidad de Castilla-León.

Manuel Fraga (d), presidente de Alianza Popular, y su guardaespaldas, Rodolfo Eduardo Almirón (i), a la salida del Congreso de los Diputados. EFE

Esta es la base de la argumentación, ya que la sentencia subraya que, tras aquel acuerdo, la provincia de León «quedó integrada en la comunidad castellanoleonesa» conforme al proyecto de Estatuto aprobado previamente por el Consejo General de Castilla y León y aprobado y promulgado sin modificación en este extremo como ley orgánica.

Postura difusa

En el caso segoviano, el recurso contra la integración en Castilla-León se fundamenta en que Segovia «recorrió todo el camino legal para constituirse como comunidad autónoma uniprovincial y, sin embargo, después de haber sido aceptada la iniciativa por los órganos provinciales, las Cortes Generales desoyeron estas opiniones y aprobaron una ley para incorporar a Segovia a la comunidad castellano-leonesa», como apunta el diario El País en 1983.

Sea como fuere, la postura tanto de populares como socialistas no ha sido tan cristalina en favor de la actual autonomía como lo es ahora. En el año 2006, tanto el Ayuntamiento de León como la Diputación ya votaron una moción para buscar la segregación de la provincia del conglomerado autonómico. En las dos instituciones, tanto PP como PSOE se abstuvieron.

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