El TSJ ratifica los nueve años de inhabilitación al exalcalde de Cacabelos por el injustificado y capricho abuso de poder

Lo hace después de desestimar el recurso que presentó el exregidor, en el que señalaba que en todo momento había obrado «con la conciencia de haberlo hecho conforme a Derecho» y alertamente, como ya hicieran en el juicio sobre la potencial peligrosidad del interventor «por perturbación mental».

Si bien y según el auto al que ha tenido acceso este diario, el TSJCyL entiende que queda suficientemente probado que el regidor actuó plenamente consciente de que obraba fuera de sus competencias y al margen de la ley.

Además y como ya hiciera la Audiencia Provincial, el tribunal alerta de la falta de competencia del alcalde para la toma del acuerdo y para ello parafrasea al jurista Cándido Conde Pumpido en una sentencia de octubre del 2013 del Tribunal Supremo.

«Un ejemplo paradigmático en el que la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de la Autoridad o Funcionario, perjudicando a los intereses generales de la Administración Pública, en un injustificado ejercicio de abuso de poder. Constituye, en consecuencia, un caso claro de arbitrariedad, en el sentido de acto contrario a la Justicia, la razón y las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho».

Durante la celebración del juicio el pasado mes de octubre, el alcalde de Cacabelos defendió la legalidad de su actuación e insistió en que nunca impidió a la incorporación del trabajador, al que únicamente instó que se sometiera a un reconocimiento médico para certificar que estaba recuperado dado que, según señaló, el alta había sido voluntaria.

Visiblemente nervioso y durante casi una hora de declaración, el alcalde de Cacabelos reconoció que recibió varios requerimientos de la Junta de Castilla y León solicitando la reincorporación del trabajador pero volvió a remarcar en que en ningún momento impidió el acceso del interventor municipal a su puesto.

«Estuvo dónde quiso y cómo quiso», señaló Álvarez, que apuntó que, hasta la solicitud de la baja, el interventor estuvo hasta en dos ocasiones por el Ayuntamiento, una para preguntar si seguía cobrando y otra para recoger objetivos personales de su despacho.

En este punto, Álvarez calificó al interventor de una persona «muy agresiva», lo que le hacía temer por su integridad, la de los trabajadores y la de los vecinos, a la par que señaló que desde el primer día puso trabas al nuevo equipo de gobierno. «No me quiso ni dar las llaves, me decía que no era el alcalde, que era un ladrón».

Finalmente, la Audiencia Provincial le condenó a nueve años de inhabilitación por la comisión de un delito de prevaricación, rebajando en cuatro la petición de la Fiscalía. Además le impuso, como así ratificó el TSJCyL, el pago de las costas del juicio celebrado en pasado mes de octubre