La sentencia del carbón abre la transición energética y Castilla y León vence una batalla a la deslocalización

Al otro lado de la balanza, el cierre de Siemens Gamesa en Miranda de Ebro (Burgos), y el proceso para encontrar un comprador a Made, en Medina del Campo (Valladolid), que no llega a buen puerto pese a múltiples esfuerzos. La Junta también impulsa planes de reindustrialización de las zonas que se agotan, como Béjar (Salamanca) y Benavente (Zamora), que se suman al de Miranda de Ebro (Burgos), y al de Dinamización Económica de los Municipios Mineros.

El cierre del carbón centra una parte importante de la actividad informativa de 2018. El ejercicio llega a su fin sin que Europa de marcha atrás a la normativa que obliga a las mineras que quieran proseguir con su actividad a devolver las ayudas recibidas, y las compañía energéticas anuncian el cierre de las térmicas. La suerte está echada aunque la parálisis del sector ya era evidente en los últimos años.

La primera pare de 2018, las autoridades de Castilla y León buscan alianzas con otras autonomías y apoyo en Europa, y en España, el ministro Álvaro Nadal impulsa una comisión de expertos para la transición e intenta sacar adelante un decreto que frene el cierre de las térmicas. La entrada del PSOE en el Gobierno, tras la moción a Mariano Rajoy, precipita la transición energética hacia una economía sin combustibles fósiles, con un Ministerio con esa denominación. Los retos ambientales marcados por la UE ya son inaplazables. En este contexto, el 24 de octubre, sindicatos y Gobierno sellan el cierre de la minería por 250 millones de euros. Un fondo de cinco años para prejubilaciones y bajas incentivadas, entre otras medidas.

El fin del carbón viene acompañado por la estrategia del Ejecutivo socialista para acabar con los vehículos impulsados por combustibles fósiles en 2040. El anuncio hace saltar las alarmas en una autonomía como Castilla y León, con una industria del automóvil tan importante, un sector que exige más plazos y un programa de transición consensuado.

Con todo, la marca del rombo sigue impulsando sus plantas en Castilla y León, y el 2 de octubre se constata que la apuesta eléctrica e híbrida del grupo automovilístico Renault pasa por España. Valladolid y Palencia serán las dos plantas en las que se fabricarán las versiones electrificadas de los modelos Captur y Mégane. Además, el 22 de octubre, Renault presenta sus nuevas instalaciones de inyección de aluminio, que junto al nuevo modelo que llegará en 2019 a Valladolid completarán su tercer plan industrial.

Cabe destacar dentro de esta política energética, que, el 5 de noviembre, la multinacional petrolífera Columbus Energy Resources recibe una notificación del Ejecutivo en la que se indica que debe comenzar el desmantelamiento de su explotación en la localidad burgalesa de Ayoluengo de la Lora. Asimismo, el Gobierno español comunica el 17 de octubre, que descarta autorizar los permisos necesarios para que opere la mina de uranio que la empresa australiana Berkeley Energía está proyectando en la localidad de Retortillo (Salamanca).

Otra zona afectada por los desmantelamientos de infraestructuras energéticas es Garoña, cuya central empezará a desmontarse en el segundo semestre de 2019. Las Cortes de Castilla y León aprueban a finales de octubre, un impuesto a la central de Garoña por cada elemento de combustible gastado y depositado con el que se estima una recaudación de unos 15 millones de euros, que irán a reindustrializar la zona.

El análisis empresarial del año 2018 deja claroscuros en Castilla y León. El año empieza mal, con el anuncio de cierre de Siemens Gamesa, que deja en la calle a 133 personas, tras el acuerdo del expediente de regulación el 8 de marzo; y el verano llega con el anuncio de deslocalización de la planta de Vestas en Villadangos del Páramo (León), que afecta a 362 personas.

La lucha de los trabajadores leoneses les permite cerrar el expediente de regulación con indemnizaciones de 67 días; y da sus frutos el trabajo de la Junta y los sindicatos y la patronal a través de la Fundación Anclaje, denunciando la situación en Bruselas y buscando un comprador; junto al Ministerio de Industria.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente de Network Steel Resources, Óscar Heckh, firman el 3 de diciembre el Marco General de Actuación para el impulso del proyecto de reindustrialización de la actividad en el municipio. La compañía matalúrgica burgalesa compra la planta de Vestas y prevé ocupar una superficie de 35.000 metros cuadrados en el polígono de Villadangos y crear 350 empleos directos y 900 indirectos. Los primeros contratados procedentes de Vestas empezarán a trabajar en Network Steel Resources el 1 de marzo del próximo año.

La empresa Isowat Made, perteneciente al grupo Invertaresa y preconcurso de acreedores desde finales del mes de octubre de 2017, sigue sin una solución para sus 103 trabajadores, que tienen que acudir a Fogasa a cobrar sus salarios pendientes, a la espera de una resolución definitiva que no llega pese a los esfuerzos de Junta y ministerio.

Otras noticias positivas llegaron para Zamora, cuando el 19 de octubre la empresa Asludium confirma su intención de asentarse en el polígono industrial de Villabrázaro, para empezar a fabricar bovinas de aluminio destinadas a la construcción. Con este proyecto, en el que en una primera fase de invertirán 60 millones de euros, se augura la creación de un centenar de puestos de trabajo con una plantilla joven, de entre 22 y 32 años, con estudios de Formación Profesional. La primera piedra se coloca el 20 de diciembre.

Asimismo, la multinacional irlandesa Ornua anuncia que habrá concluido la reconstrucción de su nueva factoría en Ávila a mediados de 2019, tras el incendio que dejó la anterior destruida. Una planta que será «más moderna» y que quieren convertir en un «núcleo estratégico» de exportaciones hacia otros países.

El año 2018 también registró anuncios de reconversión de empresas capitales para la economía de la Comunidad. El 15 de noviembre, Siro y Cerealto anunciaron la venta de las fábricas de bollería ubicadas en Briviesca (Burgos), El Espinar (Segovia), Medina del Campo (Valladolid) y Navarrés (Valencia), así como las de Antequera (Málaga) y Paterna (Valencia). Esta decisión se produce después de que las dos compañías cerraran un acuerdo para la integración en un grupo, Cerealto Siro Foods, dedicado a la fabricación de marcas para terceros, en los sectores de galletas, cereales y pasta.

El proceso de Diálogo Social sigue dando sus frutos en la última legislatura de su impulsor en Castilla y León, Juan Vicente Herrera. El Consejo del Diálogo Social cierra el 15 de febrero su «ronda más productiva» desde su arranque hace 17 años y sus integrantes firmaron nueve acuerdos, cuatro de mesas de negociación nuevas y otros cinco de continuidad, que movilizarán recursos por 231,25 millones de euros, dirigidos a parados, dependientes, mayores de 55 años, mayores que viven solos, inmigrantes, familias que requieren vivienda o las mujeres para reducir la brecha salarial. Asimismo, el Diálogo Social inicia su campaña de difusión nacional e internacional, el 30 de enero con una jornada en el CES de Madrid.

En cuanto a las negociaciones bilaterales entre empresarios y sindicatos, el 31 de julio, Cecale y CCOO y UGT suscribieron la transposición del IV Acuerdo estatal para el empleo y la negociación colectiva (AENC), que contempla subidas salariales en horquillas entre el 2 y el 3 por ciento y ningún salario por debajo de los 14.000 euros anuales en 2020. Los sindicatos critican a finales del ejercicio que los empresarios no están cumpliendo y advierten de que pueden empezar las movilizaciones.

Por último, en relación a estas organizaciones, el 22 de marzo, la Asamblea General Electoral de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) reeligió por aclamación como presidente a Santiago Aparicio, para un nuevo mandato de cuatro años.

Las Cámaras de Comercio también viven un intenso año institucional en Castilla y León; y celebran el 24 de julio sus elecciones, para la renovación de sus cargos. Las instituciones camerales logran uno de sus objetivos prioritarios el 29 de noviembre, cuando el pleno de las Cortes autonómicas da luz verde al proyecto de ley por el que se regulan las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios y el Consejo de Cámaras de Castilla y León. Esta norma nace con la garantía de financiación estable a partir de una cuantía presupuestaria contenida en las cuentas autonómicas.