La tuitera berciana Cassandra: «La libertad de expresión está herida casi de muerte»

La estudiante se ha pronunciado así en un acto de protesta organizado por Amnistía Internacional en las puertas de la Audiencia Nacional, que la condenó a un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta por 12 tuits en una sentencia que fue anulada por el Supremo hace dos semanas.

A pesar de ello, cree que "nunca debería haber pasado por este proceso", como tampoco otros "raperos, tuiteros y humoristas" que están siendo acusados de estos delitos en el ejercicio de su libertad de expresión.

Junto a ella, Nyto, uno de los doce miembros del grupo de rap La Insurgencia condenados a dos años y un día de cárcel por ensalzar de a los Grapo en las letras de sus canciones, ha asegurado que "claro que volvería" a escribirlas porque incluso se quedó "corto".

Mientras aguarda la decisión del Supremo sobre su recurso "sin muchas esperanzas" y "mentalizado" de que irá a prisión, ha culpado a la Audiencia y al "Estado español en general" de "esta escalada represiva" contra la libertad de expresión.

"Ya no les quedan más mentiras, ni partidos milagrosos ni mesías que nos vayan a salvar de la ruina del paro y de la miseria, solo les queda la represión", ha denunciado.

De ello se hace eco Amnistía en el informe "Tuitea... si te atreves", en el que alerta de que el "uso abusivo" de las leyes antiterroristas en España ha disparado el número condenados por estos delitos: 119 desde 2011, 66 de ellos en los dos últimos años.

"Bajo el disfraz de la seguridad nacional, las autoridades españolas están silenciando a periodistas, artistas y usuarios de redes sociales por expresar sus opiniones", ha censurado Esteban Beltrán, director de AI en España.

El "principal problema", ha recalcado, es que "estas personas son detenidas exclusivamente por publicar opiniones molestas, críticas, a veces insultantes u ofensivas", pero ninguna de ellas incita a actos de terrorismo.

"Las autoridades españolas deben entender que la libertad de expresión es para molestar, si no, no es libertad de expresión", ha añadido.

Sin embargo, este derecho vive en España acosado por varias "amenazas", son los delitos de enaltecimiento y humillación a las víctimas contemplados en el artículo 578 del Código Penal y otros como la ofensa del sentimiento religioso e injurias a la Corona.

A lo que se une la denominada "ley mordaza", por la que solo en 2016, fueron multadas 36.000 personas.

Por todo ello, Amnistía va a iniciar una campaña para exigir la reforma del Código Penal y que "vuelva a ser lo que debió ser siempre", un instrumento para "perseguir delitos concretos, no a artistas, periodistas o personas declaradas antisistema que no han cometido un acto violento".

Sin embargo, España no es más que "parte de una tendencia global en toda Europa", ha avisado Eda Seyhan, autora del informe de la ONG, quien ha denunciado el "impacto desproporcionado y devastador" que las legislaciones antiterroristas tienen en la "gente normal" que, por el mero hecho de expresar su opinión, se enfrentan a penas de cárcel, multas e inhabilitación para cargos públicos.