Ulibarri y Parra dan por buena su confesión en la Gürtel para intentar reducir la pena de cárcel

En esta macrocausa dentro de la Gürtel dos empresarios leoneses vinculados a los medios de comunicación locales, José Luis Ulibarri y José Luis Martínez Parra, han dado por buena su confesión.

Ulibarri y Parra eran abiertamente enemigos en la etapa más floreciente de las empresas de construcción, una enconada rivalidad que se trasladó a sus medios de comunicación (Diario de León, tvcyl y esradio en el primero de los casos y La Crónica de León en el segundo) y que sirvió para que con el tiempo se evidenciara el uso de esos medios como medios de presión e influencia hasta derivar en otras causas penales.

Para Ulibarri la Fiscalía reclama siete años y un mes de cárcel al acusado por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil. Siete años que la defensa pretende reducir a menos de dos con la confesión del empresario.

También José Luis Martínez Parra, vicepresidente de Teconsa por entonces, ha reconocido los hechos que le imputa Anticorrupción y las adjudicaciones irregulares de las que se benefició a través de baremaciones no incluidas en los pliegos o por la desmedida valoración de criterios subjetivos. Según admitió la defensa de Martínez Parra (que pide que Fiscalía rebaje a dos años su petición de condena), en 2007 Teconsa pagó a Correa 1,8 millones de euros «en pago por la adjudicación de contratos», enmascarados algunos a través de «facturas inexistentes».

El juicio por esta pieza de la macrocausa, una de las que aún quedan por juzgar, cuenta con 24 acusados, de los cuales 17 han reconocido los hechos, y en la que el PP figura como partícipe a título lucrativo por el supuesto beneficio que obtuvo de la red.

E incluso ha habido alguno, como el considerado contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo, que este lunes presentó su respectivo escrito de confesión. También ha subrayado su reconocimiento de hechos el exdiputado del PP Alfonso Bosch y el jefe de campaña del PP en Boadilla en 2003 y 2007 y exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) Cesar Tomás Martín Morales.

Una de las polémicas ha llegado cuando la defensa del empresario Ramón Blanco Balín -que también ha confesado los hechos- ha acusado al abogado de Jorge Martínez Massa de filtrar unos correos electrónicos.

En ellos, ha explicado el letrado de este último, Blanco Balín «intentó convencer» a Martínez Massa de que «lo mejor era llegar a un acuerdo con Fiscalía» y reconocía que «muchos de los hechos» que admitió «no son verdad».

La Fiscalía Anticorrupción también ha planteado sus propias cuestiones previas y ha anunciado que retira la acusación a Carmen García Moreno, administradora de sociedades del Grupo Rafael, empresa pantalla de Gürtel, por haber sido absuelta en la sentencia del caso Gürtel Época I, informa rtve.

Cuando llegue su turno, varios abogados del turno de oficio que representan a sociedades que figuran en la causa como responsables civiles subsidiarias volverán a reproducir la renuncia a su defensa al no haber cobrado los honorarios de sus trabajos.

En declaraciones a los periodistas al inicio del procedimiento, los letrados han dejado constancia de que cuentan con el apoyo del Colegio de Abogados de Madrid y que, pese a sus intentos para que se solucionase la situación, la Sala rechazó suspender el juicio.

Esta pieza gira en torno al presunto pago de comisiones a políticos del PP, en forma de regalos o dinero, a cambio de interceder en adjudicaciones públicas de Boadilla entre 2001 y 2009 hasta el punto de llegar a dirigir en la práctica toda la contratación pública, según la Fiscalía.