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El comité de FCC Medio Ambiente en Ponferrada ha denunciado este jueves «presiones» de la empresa sobre los trabajadores sin contrato fijo para que firmen el acuerdo extraestaturario firmado por CCOO que protege todos los derechos que ostenta hasta ahora la plantilla.
Transcurridos cuatro días ... de la huelga de basuras que ya se deja evidenciar en las calles de la ciudad, principalmente en la zona centro, los trabajadores lamentan la actuación de la adjudicataria pero dejan claro que, pese a todo, el acuerdo de CCOO con la empresa no evidencia «ninguna fractura», al considerar que se trata de «un acuerdo que hizo CCOO con la empresa pero la plantilla sigue adelante con la huelga», señaló el presidente del comité, Javier Gómez.
Los operarios insisten en que «vamos a seguir adelante» y que «no vamos a dar un paso atrás» en la movilización indefinica iniciada este lunes en defensa de su convenio y advierten desde el comité que en ningún caso están dispuestos a dar el visto bueno a su inclusión en el convenio provincial. «Nosotros queremos nuestro convenio», recalcan.
Así las cosas, los trabajadores siguen esperando la llamada de la empresa para reunirse para limar asperezas que permita negociar una posible salida al conflicto. «Seguimos igual hasta ahora la empresa no nos ha llamado, seguimos con la huelga», indicó Gómez.
Desde el comité aseguran que se están cumpliendo los servicios mínimos y que incluso al frente de ellos se han puesto los propios encargados de la empresa «porque no tienen gente», indicó su presidente. Unas labores que de momento se están centrando principalmente en las calles del centro de la ciudad, mientras que «las más alejadas están llenas de basura».
Por otro lado, las secciones sindicales de CGT y UGT en LM Wind Power Ponferrada mostraron su «total e incondicional apoyo» a la plantilla de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria que se encuentra inmersa en una huelga indefinida.
También se solidarizaron con la plantilla, la cual consideran que «está defendiendo unos derechos justos y legítimos para todas las personas trabajadoras del servicio», así como «los intereses de toda la ciudadanía a tener un servicio público y de garantías».
«Hacemos un llamamiento a las administraciones para que tomen cartas en el asunto, más allá de comunicados en la prensa y en redes sociales, en defensa de las lógicas reivindicaciones de las personas que trabajan en el servicio, así como de la ciudadanía de disponer de un servicio a la altura que le corresponde», concluyeron.
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