Bienestar Social propone la prestación directa por el Ayuntamiento del centro de día de menores

Según Pedro Muñoz, la justificación de esta modificación se fundamenta en tres razones: "en la optimización de recursos, en el incremento de la eficacia del servicio y en el hecho de que los destinatarios del servicio son menores, circunstancia que por sí sola ya justificaría la prestación con medios propios, ya que estamos hablando del colectivo más vulnerable y necesitado de protección".

Respecto a la optimización de recursos, ha recordado que para la gestión de este servicio, la Junta de Castilla y León, a través del Acuerdo Marco de coofinanciación de los Servicios Sociales, aporta 80.000 euros, cantidad suficiente para cubrir el 100% de su coste. Debido a una decisión, adoptada en el pasado, de externalizar la prestación del servicio, éste se sacó a concurso y fue adjudicado por 71.562,72 euros anuales. De este modo el servicio está perdiendo 8.437,28 euros anuales respecto a la cantidad de 80.000 euros que la Junta de Castilla y León tenía presupuestados para dicho fin.

Desde Bienestar Social se entiende que la prestación del servicio con personal propio permitiría a a la Concejalía de Bienestar Social destinar al mismo la cantidad total prevista por la Junta (los 80.000 euros mencionados), mejorando la calidad de los servicios prestados e incrementando su intensidad, mediante la organización de actividades extraordinarias para los menores, mejorando el equipamiento del centro, incluso ofreciendo nuevos servicios, entre otros la atención continua psicológica especializada.

Por otro lado, cree que el incremento de la eficacia del servicio sería una consecuencia derivada del seguimiento directo y continuo de la prestación del mismo por parte del propio Ayuntamiento de Ponferrada.

En cualquier caso, a juicio de Pedro Muñoz, "aparte de las razones expuestas, que en sí mismas tienen gran importancia, si hubiera que aducir una única razón que justificara la prestación del servicio con medios propios, ésta sería que los servicios sociales, en general, deben ser públicos, al igual que lo son otros servicios sobre los que nadie discute su esencialidad y su carácter público, tales como la sanidad y la educación".