Ponferrada participa en la constitución de la Conferencia de titulares de Alcaldías y presidencias de Diputaciones

Esta ley tiene como objeto crear en el ámbito autonómico un órgano análogo al estatal como es la Conferencia de Presidentes de Comunidad Autónoma regulada en el artículo 146 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. «El clima ha sido muy positivo, de optimismo y de agradecimiento al presidente Herrera por la puesta en valor de esta Conferencia, que creemos que puede ser un órgano muy importante para luchar contra las retos que hoy se han puesto sobre la mesa: la despoblación y ese invierno demográfico, hay que articular un territorio muy extenso, así como la centralidad con los territorios más periféricos y la financiación local», dijo la regidora.

En este marco, la Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación tiene como labor fundamental buscar nuevos marcos de colaboración y nuevas sinergias que puedan beneficiar al conjunto de nuestra Comunidad Autónoma. En este sentido, se configura como un foro de encuentro de alto nivel, sustentado en la pluralidad política y territorial, donde se debatan «asuntos de Comunidad» que afecten a intereses comunes autonómicos y locales y puedan alcanzarse compromisos de carácter político con incidencia en las políticas generales o sectoriales de la Administración autonómica con incidencia en las administraciones locales.

Este nuevo órgano, que será presidido por la Presidencia de la Junta de Castilla y León, es, por tanto, el marco idóneo para que quien tiene la representación máxima en los municipios de mayor población, de las provincias y una representación de otras entidades locales de la Comunidad Autónoma, participen en las políticas autonómicas, planteando debates, iniciativas o propuestas que, en el marco de sus competencias locales, sirvan para vertebrar mejor nuestro territorio y dar un enfoque ordenado a determinadas políticas locales.

Además, con esta Conferencia se pretende evitar que se desarrollen actuaciones que, aun siendo legítimas y legales, puedan incurrir en costes innecesarios y redundancias o en actuaciones superpuestas, contrapuestas o incluso contradictorias entre las Administraciones públicas actuantes.