Ponferrada subirá el recibo del agua un 9,70%, establecerá una nueva tasa de basura y congelará el IBI

La medida, que se someterá a aprobación este viernes durante la celebración del último pleno del año 2019, supondrá para los bolsillos de los ciudadanos una subida del recibo del agua y alcantarillado en unos 12 euros al año (3 euros al trimestre) que se verán obligados a hacer frente también a una nueva tasa de basura de entre 36 y 48 euros anuales. El Impuesto de Bienes Inmuebles no experimentará variación alguna ya que el tripartito ha anunciado que congelerá la tasa en esta legislatura después del 'catastrazo' de 2018 en la que la revisión supuso un incremento del 14,4% en el recibo.

La concejala de Hacienda, Mabel Fernández, reconoce que se trata de unas medidas «bastante impopulares» que «no son un regalo de Navidad» pero que tienen que ser aprobadas en el pleno de este viernes. En cuanto a la actualización de tasas de agua y alcantarillado, la edil recordó que la aplicación de una subida del 9,70% «se considera una prestación patrimonial y no es tributaria» sino que «es cobrada por una empresa privada que es la presta el servicio» gestionado de forma indirecta actualmente mediante un contrato de concesión con Aquona que privatizó el servicio en el año 1996 por un periodo de 25 años durante el mandato de Ismael Álvarez como alcalde. Un periodo que se amplió a 38 años con la entrada de los núcleos que dependendían de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Ponferrada. «Ahí se está hipotecando», reseñó la edil.

Fernández insistió, además, en el acuerdo municipal adoptado en julio de 2014 en el que se reconoce a Aquona el restablecimiento de la situación económica del contrato y a la revalorización de tarifas de acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones fijado en una revalorización anual del IPC más un punto. «Es un acuerdo que nosotros no apoyamos», apuntó, preguntando a renglón seguido al PP «quién se doblegó en aquel momento a los intereses de la concesionaria al concederle al final los 38 años». Así las cosas, recuerda que el Ayuntamiento se ve obligado a tomar este decisión para «reequilibrar» la situación y para que el Consistorio «pueda seguir cobrando el canon que le corresponde y no lo vea aminorado». Asegura, además, que la medida responde, además, a la necesidad de «evitar el contencioso anunciado por la empresa y tratando de que la misma desista de sendos procedimientos que ya tiene interpuestos ante los incumplimientos de equipos anteriores». «Hay quien acumula deudas hipotecando al Ayuntamiento y a los ciudadanos y hay quien tiene que pagarlas», recalcó.

La subida en el recibo del agua y el alcantarillado permitirá hacer frente, además, a las inversiones en la renovación de las redes y la sustitución de las de fibrocemento. «Las redes tienen muy serias deficiencias y lo sabían todos los equipos anteriores», remachó, anunciando un plan plurianual para acometer el cambio de la instalación de fibrocemento.

En cuanto a la tasa de la basura, la concejala de Hacienda aseguró que el incremento aplicado «sigue el criterio de la Unión Europea» en base a la normativa sobre residuos que tienen objetivos vinculantes a fin de «incrementar el control sobre los mismos a fin de evitar sanciones comunitarias y la competencia es local», aseveró. Recordó que en este caso la tasa se establece «en función de la calle donde esté situada la vivienda aplicando así el criterio de capacidad económica» destacando que la mayoría de viviendas, alrededor de unas 15.000 verán gravado su recibo en unos 3 euros más al mes. Asimismo, destacó que el servicio «funciona mal derivado un mal contrato» e hizo hincapié en que «el equipo de gobierno tiene un compromiso claro de mejorarlo mediante la gestión directa y con medios propios». «Nosotros no podemos responder de la mala gestión anterior», remachó.

Respecto a la situación del IBI, Mabel Fernández anunció que el equipo de gobierno congelará el Impuesto de Bienes e Inmuebles durante este mandato dado que hasta el año 2022 no se podrá plantear una rebaja debido a la necesidad de cumplir el plan de ajuste. Todo ello tras el 'catastrazo' de 2018 en la que la revisión supuso un incremento del 14,4% en el recibo derivado de una revisión catastral. «Nosotros nos encontramos con un plan de ajuste hasta 2022 que no nos permite la reducción y que nos exige una correcta financiación de tasas y precios públicos y que todos los años se incremente un 2% cosa que no se ha venido cumpliendo», indicó la concejala de Hacienda.