Ponferrada da luz verde a la memoria del contrato puente del TUP antes de asumir la gestión directa del servicio

Durante el debate, el alcalde, Olegario Ramón, tomó la palabra para defender el objetivo del equipo de gobierno que es dar una solución a la situación de alegalidad que arrastra el servicio desde el 15 de marzo de 2012 y defendió las gestiones realizadas por el tripartito en tan solo cinco meses y medio en el gobierno municipal frente a los seis años y medio de equipos de gobierno anteriores. «Este equipo de gobierno pretende solucionar un problema grave para la ciudad porque es nuestro compromiso», señaló.

El primer edil reconoce que el modelo contractual «no es el idóneo» pero entiende que que será una situación transitoria. «Se ha hecho un trabajo que era necesario, no es la solución idónea pero frente a la situación de alegalidad no tenemos ninguna duda respecto a continuar y plantear lo que planteamos», subrayó. Asimsimo, anunció que la facturación del servicio será desde enero de 2020 «pura y dura» sin renocimientos extrajudiciales de crédito, tras el tirón de orejas que el Tribunal de Cuentas ha dado al Ayuntamiento.

Por su parte, el concejal de Movilidad, José Antonio Cartón, justificó la gestión directa del servicio en «el ahorro que va a tener para la ciudad y el Ayuntamiento» y aclaró que la compra de nuevos autobuses «no incrementará el pliego». Cartón reprochó al PP que después de 20 años de gobierno «no fueron capaces de solventar este problema» y dejó claro que «este equipo de gobierno solucionará este problema y otros muchos».

Unas intervenciones que fueron respondidas por el portavoz del PP, Marco Morala, que puso en valor el trabajo desarrollado por los sucesivos gobierno populares en el Consistorio para intentar solucionar la situación de alegalidad del TUP, «incluso en la pasada legislatura en un proyecto en el que también participó Ramón», recordó, por lo que pidió reconocimiento a este trabajo. «Se trabajó mucho en el anterior mandato y lo que hoy traemos aquí también es fruto de ese trabajo», aseveró.

Los populares ven con buenos ojos que se abra un periodo transitorio antes de asumir la gestión directa de un servicio «tan específico y complejo» como el transporte urbano. «No nos precipitemos», pidió Morala, que manifestó la necesidad de resolver antes las «dudas» que se susciten para tomar la decisión más adecuada. «Los informes municipales arrojan dudas», señaló, por lo que anunció la abstención de su grupo al «no querer se complices de mantener situación de alegalidad hasta 2020». Además, el portavoz del PP se mostró especialmente preocupado por el coste del servicio con la gestión directa y por la subrogación de los trabajadores y pidió medidas para mejorar la situación del personal.

Ruth Morales desde Ciudadanos manifestó sus dudas «importantísimas» con la propuesta del tripartito «para la viabilidad del servicio». Entiende que se trata de un «problema grave que hay que solucionar» pero reprochó al equipo de gobierno que adopte una solución transitoria con un contrato puente «porque ·al final cuando acabe la legislatura nos vamos a encontrar en el mismo punto», recalcó. Además, Morales indicó que su grupo «no ve reflejado en los informes el ahorro» que anuncia el tripartito.

Desde Coalición por El Bierzo, su portavoz Pedro Muñoz, recriminó a la oposición que se ciña a criticar lo que va a ocurrir con el servicio dentro de dos año y medio cuando la intención del equipo de gobierno es la de «corregir algo que ya venía de épocas anteriores con todos los informes sobre la mesa para intentar solucionar esta situación de alegalidad» sacando una nueva licitación con un periodo dos o tres años. «No puede haber mejor voluntad y más premura», concluyó.