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Imagen del interior de las instalaciones de la planta de Emobi Industries en Ponferrada. Elbierzonoticias
Sin rastro de los más de 11 millones de subvenciones en la nueva oferta por Emobi

Sin rastro de los más de 11 millones de subvenciones en la nueva oferta por Emobi

Dalapa, Travis y CAV ponen a disposición del administrador concursal la nave y los activos de Ibermon en el polígono industrial del Bierzo Alto en Bembibre

Carmen Ramos

Ponferrada

Viernes, 17 de enero 2025, 08:16

«No es una mejora, si el juez no tuvo motivos para considerar la segunda oferta no veo por qué tendría que aceptar esta tercera porque es menos de lo mismo».

Son las palabras de Ana Ormazabal, una de las trabajadoras de la empresa Emobi Industries que evidencian el desconcierto que ha generado la tercera oferta presentada por el grupo inversor que integran las sociedades Dalapa Investment, S.L.U. (Dalapa) y Travis Capital, S.L. (Travis) y Cav Investment Projects 2007, S.L. (CAV) para comprar los activos de la compañía en concurso de acreedores. «Es una broma de mal gusto», remarca Ormazabal.

Todo ello cuando ya se abría la puerta al proceso de liquidación después de que los trabajadores dieran luz verde al ERE extintivo tras rechazar el juez las ofertas presentadas por Investment Proyects 2007 y de Sistemas Siderometalúrgicos 2020 atendiendo a la baja valoración económica y al escaso mantenimiento del empleo.

El grupo inversor vuelve así a modificar por segunda vez la primera oferta que presentó el 24 de septiembre de 2024 y que mantiene un desembolso de 4,6 millones de euros para asegurar 35 empleos únicamente en el polígono industrial de La Llanada de Ponferrada, subrogando a 7 de los operarios de Emobi y a 28 de Ibermon.

Como novedades, la puesta a disposición del administrador concursal de la nave y los activos de Ibermon en el polígono industrial del Bierzo Alto en Bembibre y la rebaja de la cantidad económica para hacer frente a los impagos.

Un capítulo en el que sigue sin responder de la devolución de ningún pasivo, como es el caso de las subvenciones a bajo interés percibidas que podrían superar los 11 millones de euros, siete del Programa Reindus de ayudas a la reindustrialización del Ministerio de Industria con cargo a fondos europeos y unos cuatro millones de euros de la Junta de Castilla y León, entre otros. Nada se habla tampoco en la nueva oferta de las deudas con los proveedores ni tampoco de amortizaciones de ningún tipo, más allá de las hipotecas pendientes y de los arrendamientos o 'leasing'.

De 13 a 4,6 millones

El grupo inversor defiende su solvencia económica y técnica y presenta una oferta total por la UPA y los activos de 4.663.143 euros lo que supone una rebaja sustancial frente a los 13 millones iniciales. De ellos, 850.000 euros los abonaría en el momento de la formalización de la venta, 532.022 euros en concepto de asunción del pasivo laboral de los trabajadores asumidos y del ahorro de créditos que se devengarían por las indemnizaciones de dichos trabajadores.

De la oferta total, reserva una partida de 230.000 euros para hacer frente a las deudas de la Seguridad Social pendientes de pago correspondientes a los trabajadores que e incorporando la deuda actual con la SSl del conjunto de trabajasume adores a subrogar, que estima en 118.000 euros. A ellos se suman un máximo de 3.051.121 euros correspondientes a las cargas hipotecarias sobre fincas y contratos de arrendamiento financiero de alguna maquinaria.

La nueva propuesta presentada por el grupo inversor que pretende trasladar a venta directa en fase común para hacerse la Unidad de Producción Activa (UPA) de la planta de fabricación de estructuras de soporte para aerogeneradores de Santo Tomás de las Ollas. Con ella aseguran que pretenden «retomar y relanzar el proyecto de fabricación de estructuras metálicas como referente nacional e internacional», que en su día se proyectó como motor del proceso de reindustrialización del Bierzo.

«Errónea incorporación al ERE»

Para lograr este objetivo contempla el mantenimiento de 35 puestos de trabajo, esencialmente técnicos y operarios de las plantillas de Emobi e Ibermon, y confían en que «la errónea incorporación al ERE de 28 de ellos sea subsanable», en clara referencia a los trabajadores de la planta de Ibermon en Bembibre, ya que sólo se subrogarían siete de los operarios de la fábrica de Emobi en la capital berciana.

El grupo inversor pretende con esta nueva modificación «contribuir a la generación futura de puestos de trabajo y potenciación del tejido empresarial local» y, además, «cubrir el pago de los créditos contra la masa y maximizar el pago a los acreedores mediante propuesta económica competitiva notablemente superior al valor de liquidación estimado».

La oferta se circunscribe solo a la Unidad Productiva de la sociedad Emobi Industries, SL, y centra todos los esfuerzos de inversión en el centro productivo de La Llanada. El grupo inversor se quedaría con toda la maquinaria de esta planta para el desarrollo de su actividad, «en concreto la granalladora Wheelaber propiedad de Emobi en el centro de La Llanada, Ponferrada, esencial para poder arrancar la actividad (Operaciones) y dar contenido a los empleados a subrogar», destacan.

La propuesta deja fuera la finca del polígono industrial del Bierzo Alto propiedad de Emobi pero utilizada por Ibermon mediante un contrato de alquiler. Una decisión que justifica, por un lado, en que «el centro productivo es exclusivamente de primera transformación que se solaparía con la actividad del centro de la Llanada». Por otro, considera que esta exclusión así como la carga asociada a este activo «permitirá su venta y obtención por parte de la administración concursal una cantidad económica adicional a la percibida con nuestra oferta para cubrir créditos del concurso».

«Compromiso de agilidad»

El grupo inversor propone unos plazos dentro de su «compromiso de agilidad» y manifiesta su intención de formalizar la operación siempre y cuando el juzgado autorice la venta de la UPA a su favor. Así fija el 20 de enero de 2025 para la obtención de la autorización judicial y la formalización del contrato de compraventa en escritura pública y pago del precio dentro de los 10 días siguientes a contar desde el momento de la autorización judicial y como muy tarde antes del 31 de enero de 2025.

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